El 20 de noviembre es un día clave para apuntar de la urgencia de que las personas menores de edad tengan un papel central en las elecciones de febrero próximo. En esta fecha se conmemoran dos hitos transcendentales, la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) —el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo, y base para nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia.
Vale destacar cinco aspectos en medio de esta conmemoración:
La urgencia por la niñez y adolescencia. Costa Rica enfrenta un momento decisivo para su futuro, si no actuamos con urgencia, podemos condenar a toda una generación y con ella al país.
Los protagonistas de la campaña electoral no tienen a la niñez y adolescencia como un eje trascendental de su apuesta al desarrollo, al menos, así lo demuestran en sus intervenciones, donde las menciones a la población menor de edad son escasas y poco estructuradas, lo que denota poco interés en escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones.
El escenario nos muestra una sociedad costarricense donde cerca del 50% que ingresa a secundaria no la concluye, el desempleo juvenil sobre pasa el promedio nacional, la crisis de salud mental y homicida se enseña con la población por encima de los 15 años y los cambios demográficos señalan una reducción paulatina de niños y niñas.
En este contexto para el próximo gobierno, apuntamos a 3 prioridades estructurales: ampliación de atención a la primera infancia por medio de los centros de cuido, abordaje integral de la salud mental a nivel de centros educativos y comunitarios e intervención de comunidades detectadas con altos niveles de violencia del crimen organizado -donde reclutan menores drenando el futuro-todo ello alineado con la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.
El desarrollo de los primeros años de vida es la base sobre la que se construye todo lo demás: el aprendizaje, la salud, la resiliencia. La política pública actual reconoce que la necesidad de entornos protectores, familiares y comunitarios, así como servicios de cuidado de calidad. En este sentido, urge expandir la red de centros de cuido especialmente en zonas vulnerables, de manera nocturna y con tiempos ampliados, con la misma calidad del servicio desde la alimentación hasta la formación. No solo hablamos de acceso para familias en pobreza o línea de pobreza, apuntamos a que las todas las personas en primera infancia puedan acceder a un servicio público, con modalidades de copago para las familias, que logre universalidad del servicio.
Esto no solo favorece el desarrollo cognitivo y emocional, sino que también permite a mujeres participar en la economía formal, rompiendo ciclos de pobreza. Además, es necesario que las familias reciban formación en la crianza para un desarrollo integral desde el hogar, esos programas hoy están dirigidos casi en su totalidad para familias con medidas de protección o con posibilidades de pagarlos, en centros de atención privada.
La salud mental ya no puede ser una prioridad secundaria: el Ministerio de Salud presentó en diciembre de 2024 la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034, con un enfoque en promoción, prevención y atención de primer nivel, pero en la práctica, muchas comunidades aún carecen de acceso real a atención psicológica o psiquiátrica, programas escolares o mecanismos de referencia. Para la niñez y adolescencia esto es dramático: la fragilidad emocional y la ansiedad, sumadas a la desprotección digital y la violencia en línea, exigen estrategias concretas. Se debe invertir en una red de profesionales en psicología y otros campos de la salud mental, para centros educativos, que refuercen los programas del Ministerio de Educación Pública, así como centros escolares prioritarios, en líneas de atención temprana y en fortalecer las redes comunitarias que son direccionadas por el Ministerio de Salud.
La atención de la violencia letal que golpea especialmente a jóvenes. El país atraviesa su peor crisis de inseguridad y violencia homicida de su historia. Según datos del INEC (2024), la principal causa de muerte entre edades entre los 13 a 35 años está vinculada a muertes por homicidio y lesiones intencionadas para ello. Esta crisis no es casual, sino que está vinculada a la desigualdad estructural y al crimen organizado. Si bien es necesaria una atención por medio de estrategias de seguridad e intervenciones ligadas a la evidencia, mapeos de zonas y retomar el control de territorios por parte de las autoridades, a la vez, hace falta un programa nacional de prevención y desarrollo juvenil, con enfoque comunitario, desarrollo psicosocial, educación técnica y oportunidades de empleo para zonas de alto riesgo ya identificadas.
El próximo gobierno puede comprometerse con estos tres ejes: primera infancia, salud mental y prevención de homicidios entre jóvenes. No hacerlo implica asegurar la pérdida de al menos dos generaciones y pone en jaque la estabilidad futura del país.