A pocos días de las elecciones nacionales, hablar de la niñez y la adolescencia no es un tema accesorio ni simbólico: es una urgencia democrática. Las decisiones que se tomen en esta campaña y en el próximo gobierno marcarán de forma directa las oportunidades de vida de miles de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica. Votar pensando en ellas y ellos es una postura responsable, porque el desarrollo del país depende de cómo cuidamos y garantizamos sus derechos hoy.
En un contexto atravesado por la desigualdad, la inseguridad, el debilitamiento del sistema educativo y la presión fiscal sobre los programas sociales, resulta impostergable que las candidaturas presidenciales y los partidos políticos asuman compromisos claros, medibles y sostenidos con la niñez y la adolescencia. El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de colocar este tema en el centro de su agenda, especialmente en al menos tres ejes estratégicos: la primera infancia, la salud mental y la prevención de homicidios y violencias entre personas jóvenes.
Escuchar a la niñez y adolescencia: lo que nos están diciendo
Las niñas, niños y adolescentes son ciudadanas y ciudadanos con voz, con opinión y con propuestas. En noviembre de 2025, tras la realización de 5 grupos focales y una consulta digital con poco más de 224 personas menores de edad participantes de programas de World Vision en Upala, Cañas, Siquirres, Curridabat y la Uruca, reveló preocupaciones profundas que deben ser tomadas en cuenta:
Las personas menores de edad identifican la violencia física, psicológica, verbal y sexual como experiencias frecuentes en sus entornos cotidianos. Señalan, además, que los centros educativos —escuelas y colegios— y los barrios donde viven son los espacios donde más inseguridad o incomodidad sienten, lo cual interpela directamente al Estado sobre su capacidad de garantizar entornos protectores.
La violencia digital también emerge como una amenaza significativa: al menos un 34% ha visto o vivido agresiones a través de medios digitales, evidenciando la necesidad de políticas públicas que aborden la protección en entornos virtuales, la educación digital y la corresponsabilidad de plataformas, familias y Estado.
A esto se suma una experiencia persistente de exclusión y discriminación. El 60% de las personas consultadas manifestó haberse sentido menospreciada por su edad —ignoradas, no escuchadas o no tomadas en cuenta— y el 59% reportó haber sufrido algún tipo de discriminación.
Cuando se les pregunta qué esperan de las personas adultas, las respuestas son claras: más respeto, mayor capacidad de escucha y diálogo, un trato basado en el amor, cero golpes y la posibilidad de expresar libremente lo que sienten. No están pidiendo privilegios, están exigiendo derechos.
Escuchar a niñas, niños y adolescentes es una decisión país
La tarea del próximo gobierno será mejorar las condiciones para que todas las personas —especialmente niñas, niños y adolescentes— puedan crecer sin violencia, en entornos seguros, con acceso a educación de calidad, servicios de salud oportunos y oportunidades reales de desarrollo. Esto implica decisiones políticas concretas: proteger la inversión social, fortalecer los sistemas de protección, priorizar la primera infancia como base del desarrollo humano, atender la crisis de salud mental que afecta de forma particular a adolescentes y jóvenes, y prevenir la violencia y los homicidios desde un enfoque integral y preventivo.
En esta campaña electoral, que la pregunta sea clara: ¿qué propone cada candidatura para garantizar sus derechos? Porque las niñas, niños y adolescentes también construyen país.