Hace unas semanas, el gobierno de la República decidió realizar unos cambios en su presupuesto, recortando 40.000 mil millones de colones a CEN-CINAI para trasladarlos al régimen no contributivo de pensiones (RNC) de la CCSS. Este régimen, engrosa una larga lista en los últimos años, más de 32 000 personas, en su mayoría adultos mayores, carece de recursos necesarios para solventar todas sus necesidades básicas. Entre finales de agosto e inicios de setiembre, el país discutió sobre ajustes en la atención de CEN-CINAI y hacienda elaboro cambios entre partidas de presupuesto, vía decreto, para solventar las necesidades.
Las pensiones actuales del RNC (82.000 colones) evidencian ser insuficientes para cubrir las necesidades de un sector de la población que crece aceleradamente. La Contraloría General de la República señalo que el presupuesto asignado al RNC en el 2026 es el menor presupuestado en los últimos cinco años. Hablamos de adultos mayores que carecen de acceso a vivienda digna, alimentación, salud, entre otras.
No obstante, estas pensiones cubren una pequeña parte de la población adulta mayor en necesidad. Según el informe de la Cátedra de Envejecimiento de la UCR (CIODD, 2024), de los 546 mil habitantes mayores de 65 años, solo el 44% está cubierto por un régimen de pensión contributiva básica, mientras que el 17% depende del RNC.
Esta situación se agrava, debido a la deuda histórica del gobierno central con la CCSS, la cual asciende según estudios a 4,4 billones de colones. En paralelo, la recaudación fiscal acumula contracciones importantes y el Poder Ejecutivo ha venido recortando el gasto social en educación, avancemos, vivienda, PANI, y otros programas.
Según el estudio La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes (2026), unas 570 mil personas menores de edad viven en pobreza o pobreza extrema. Esto significa que, en su cotidianidad, la desnutrición, el hacinamiento, el poco acceso a servicios públicos, esparcimiento y otros derechos se ven frustrados.
El Estado costarricense tiene clara su responsabilidad. A través del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), normativas de protección y políticas públicas, operativiza la Convención de los Derechos del Niño (1990). Este conjunto normativo prioriza el interés superior de la persona menor de edad, su autonomía progresiva y su desarrollo integral. El Comité de los Derechos del Niño, en su informe país 2020, recordó que en épocas de complejidades fiscales, la población menor de edad no debe verse afectada, pues el Estado debe asegurar las condiciones de su desarrollo.
Por otra parte, los cambios demográficos provocados por la por la ultra baja natalidad generará un decrecimiento en la población. Esto implica, que las decisiones actuales deben dotar a las políticas y programas públicos que atienden a esta población, de las mejores herramientas, protección y acceso a un desarrollo integral que optimice sus competencias ciudadanas, habilidades sociales, tecnológicas, críticas y de empleabilidad futura.
No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de las condiciones mínimas y necesarias para que la población que sostendrá el mercado, la competitividad país y los sistemas empleabilidad y seguridad social de Costa Rica en 2040 y 2050 en adelante.
Por otro lado, los adultos mayores para el 2050 representaran alrededor del 25% la población, requiriendo mejor atención, pensiones mínimas, acceso a servicios, salud, recreación y cuido, inversiones que el Estado debió prever en su momento y hoy necesita acelerar. Estamos hablando de dos poblaciones, que en sus diferencias, presentan las mismas vulnerabilidades ligadas a la asistencia y protección social.
La frase pronunciada por el viceministro de hacienda en la Asamblea Legislativa el pasado 2 de setiembre: “Me preocupan más los viejitos que los chiquitos de este país”, fue desacertada. Careció de sensibilidad, visión de futuro y de la comprensión del rol de un gobierno para ambas poblaciones. Plantearlo como una dicotomía, donde se debe elegir a cuál de las poblaciones elegir es improcedente y a futuro, una cara factura.
Menos formación en primera infancia, mala nutrición, menor calidad educativa y vulnerabilidades asociadas a las violencias, desarrollarían personas sin las capacidades para insertarse en el mercado laboral, por tanto, menor competitividad país, menores recursos fiscales y menores condiciones para invertir en la población adulta mayor.
La responsabilidad gubernamental no es elegir un extremo de la pirámide social, sino sostener ambos. A unos, para prepararlos para la vida productiva, a otros, para garantizarles una vejez digna. Las niñas y niños de hoy deben saber que la calidad de vida en su infancia determinará en mucho, las condiciones de la longeva vejez que les tocará vivir.