El año avanza, como de costumbre, tenemos la percepción que avanza más rápido que el anterior, que pronto estaremos en compras navideñas y en cenas familiares. Sí, es junio apenas, pero ha pasado mucha agua debajo del puente.
Cada 12 días un menor de edad es asesinado en el país, el OIJ tiene identificado que las estructuras del crimen organizado reclutan menores de edad para vigilancia y sicariato. Estructuras compuestas por familias enteras, incluido personas menores de edad.
Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron este año, reportándose dos por hora, según los datos, la población más afectada en estos casos son personas menores de edad “se trata de bebés de menos de un año y de personas entre los 10 y los 19 años” confirmando una triste realidad, los hogares no son lugares seguros para un gran número de personas menores de edad.
Según datos del PANI, durante el 2023, mediante la plataforma 911 se captaron 3.494 reportes de diversos abusos de tipo sexual contra menores de edad.
Hasta mayo, el MEP registraba 126 situaciones de violencia y 90 casos de bullying, cifras pequeñas ante el subregistro imperante, donde muchos de los casos pasan fuera de los centros educativos o en línea (ciberbullying) y no son reportados. Según el OIJ, hasta ese mismo mes se presentaban 63 denuncias por amenazas entre estudiantes, que incluyen portación de armas de fuego y arma blanca, como ejemplo, en el colegio de Pavas donde se registró un disparo al rostro de un adolescente.
Si vemos lo que pasa en la población adulta, la situación es igual de compleja, la violencia se ensaña como un jaguar a su presa, los femicidios, las agresiones entre personas al volante y vecinos, la cultura del odio atizada en las redes sociales, un campo de batalla oscuro para las democracias.
Y si hablamos desde el plano institucional, el recorte de becas, limitado acceso a bonos de vivienda y la reducción de presupuesto en educación, por mencionar algunos ejemplos, se convierten en acciones violentas hacia la población vulnerable, que contiene cerca del 38% de menores en condición de pobreza.
La violencia, es ese jaguar al acecho de una “presa” cada vez más vulnerable, donde las condiciones del entorno le colocan en una posición desfavorable y de desamparo, evidenciando la omisión de parte del Estado de asegurar condiciones de protección a la población, especialmente la población menor de edad, además de brindar herramientas para su óptimo desarrollo.
Una agenda que resguarde a la niñez. El Estado tiene un andamiaje institucional robusto a disposición para responder al contexto actual, aunque existe una presión fiscal importante, las responsabilidades de Costa Rica con la Convención de los Derechos del Niño, la Observación 19 del Comité de los Derechos del Niño y las políticas internas, que protegen al interés superior del niño e impulsan el desarrollo de los menores de edad, demandan por un lado, voluntad política, y por otro, planes estratégicos, que delineen una agenda para la niñez y la adolescencia, abocada a la prevención de violencias, mejora de las condiciones de las familias y promoción de la participación de los menores de edad.
Parte de las herramientas a disposición desde lo político, son las políticas públicas, que permiten proyectar en el tiempo acciones para generar cambios en las poblaciones y en sus condiciones de vida. La Política de niñez y adolescencia 2024-2036 lanzada el pasado 23 de abril y su plan de acción, deben convertirse en la hoja de ruta para desarrollar las mejores condiciones para todas las niñas, niños y personas adolescentes, como lo estipula en su objetivo principal: “Garantizar y el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad en procura de su bienestar y desarrollo integral, mediante intervenciones públicas institucionales, interinstitucionales e intersectoriales orientadas a la promoción, atención, defensa y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia”.
Esta política delinea las prioridades estratégicas a las que debe abocarse el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia comandado por el ente rector del sector, el PANI, para acelerar la puesta en práctica de los 7 ejes prioritarios y sus líneas de acción, que permitan al país acercarse a los resultados deseados en los próximos 12 años.
Se debe asegurar, como mínimo, un diálogo efectivo con las instituciones para la asignación de los presupuestos y el cumplimiento de las responsabilidades atribuidas en la política, además de la coordinación con el sector empresarial, sociedad civil y especialmente con niñas, niños y personas adolescentes, para hacerles partícipes en la ejecución de la política, incluyendo el seguimiento y monitoreo de los resultados de manera periódica.