miércoles 14 de agosto - 2024
Carta Abierta a la Institucionalidad y Sociedad Costarricense
Distintos patrones y expresiones de comportamiento violento se vienen acentuando de manera preocupante a lo largo y ancho del país. Somos testigos de ello, nadie nos ha contado. Por más de 38 años hemos desarrollado programas desde las costas en Santa Cruz, GAM, el Caribe, Zonas Fronterizas y Zona Norte.
Hemos estado cerca de más de 60 centros educativos en los últimos 10 años, en los Subsistemas Locales de Protección a la Niñez y la Adolescencia e identificando y atendiendo todas las semanas en nuestro espacio seguro, niñas, niños y adolescentes que han sido o son víctimas de violencia, por uno o varios “compañeros” y “compañeras” de su colegio o escuela.
Hemos estado alertando desde hace varios años sobre la presencia de bullying y otras violencias entre pares en los centros educativos, comunidades y redes sociales. Por ello, apuntamos a que una prioridad, luego de la pandemia, además del rezago educativo, la nivelación de los estudiantes con respecto a sus conocimientos y la formación docente, era la necesaria atención de esta situación. Las consecuencias del fenómeno no sólo es la provocación del miedo, la intimidación, la incomodidad, sino un daño emocional grave y duradero a largo plazo, interfiriendo en el desarrollo y su desenvolvimiento en la adultez. También registrándose ideaciones y actos suicidas.
Las reacciones institucionales no han sido efectivas, así lo demuestran los datos. En 2023 se presentaron más de 600 reportes de agresiones por parte de PANI y en lo que va del 2024 se han presentado más de 400 casos, con pérdida de ojos, testículos y daños físicos duraderos. Sabemos que esos reportes son la punta del iceberg, ya que muchas personas menores de edad no denuncian ni cuentan sus situaciones por temor a represalias, así nos comentan quienes asisten a nuestros programas.
La situación amerita replantear la forma en que abordamos este flagelo, que recrudece semana a semana, dejando la sensación de desamparo por parte de las víctimas y familias, la impotencia por la aflicción a la que son sometidos y la indolencia de una sociedad que no pasa de la indignación colectiva de unos pocos días.
Generar procesos formativos para agresores y restablecer los derechos violentados de las víctimas es una prioridad en el cortísimo plazo, para ello, los tiempos de acción institucional deben acortarse de manera imperativa. Acercarse a organismos y sociedad civil que coadyuve a la situación actual es necesario, incluido las campañas informativas sobre líneas de apoyo.
Como sociedad, no hemos tomado con la debida seriedad las consecuencias de los comportamientos violentos que vemos en los entornos educativos y las redes sociales a diario ligados al acoso y bullying. Desde la organización nos preocupan las consecuencias que esto produce en la forma en que las personas se conducen y moldean el comportamiento social actual y futuro, validando día a día la violencia como forma de conducirse.
Carlos Simón
Director Nacional
World Vision
