viernes 21 de febrero - 2025
El nuevo ciclo lectivo arrastra problemas y suma improvisaciones
El inicio del ciclo lectivo ha representado históricamente un anhelo de los niños, niñas y personas adolescentes por reencontrarse en las aulas con sus amigos y amigas, la alegría reflejada en su sonrisa al salir cada mañana con la expectativa de conocer cosas nuevas. Significa también, infinitos esfuerzos para las familias, que deben hacer frente a los gastos, cada vez mayores, para dotar a sus hijos e hijas de materiales, uniformes, alimentación y transporte para un proceso educativo exitoso.
Sin embargo, el 2025 no parece advertirnos cambios que retribuyan los esfuerzos de las familias y las alegres expectativas de los niños, niñas y personas adolescentes, sino un continuo de situaciones que agravan cada vez más la crisis educativa, acelerada por decisiones que contravienen los intereses de las personas estudiantes.
La eliminación del programa de informática educativa en su momento (2024), sin tener un programa ideado para su reemplazo inmediato, dejó cientos de dispositivos tecnológicos sin uso, recursos en deterioro y un lapso considerable para la implementación de un nuevo plan que no permitió la formación adecuada de los cuadros docentes. Por otro lado, también se cambiaron las pruebas que miden los aprendizajes (2023), como parte de la macroevaluación del sistema educativo, según el último Estado de la Educación, el país “no ha logrado consolidar un sistema de macroevaluación educativo robusto, transparente y confiable, pese a ser pionero en la aplicación de pruebas nacionales en América Latina. Más bien, se ha limitado a aplicar pruebas nacionales y está lejos de implementar las prácticas internacionales más efectivas en esta materia”.
A ellos se suma, la eliminación del programa de afectividad y sexualidad, alegando el uso de pornografía y juguetes sexuales para la enseñanza, donde además era posible “meter” a docentes en procesos penales por lo que estaban enseñando. Estos débiles e imprecisos argumentos, ya desmentidos por docentes y personal del MEP, parecen esconder un ataque a la discusión y aceptación de la diversidad de género y la abierta discusión sobre asuntos que atañen a los derechos sexuales y reproductivos del ser humano, evadiendo al mismo tiempo la responsabilidad del Estado de informar y educar, de manera abierta, transparente, científica y en el marco de derechos estos temas.
El Estado, es corresponsable de la formación en distintos campos, este incluido, cuando las familias no tienen la información, las herramientas o son negligentes en sus hogares para abarcarlo. Hasta el momento, ni el MEP ni el Consejo Superior de Educación, han hecho públicas las notas técnicas y estudios que sustentan la eliminación del programa, si consultaron o no a las personas estudiantes, tampoco han hecho público el nuevo programa que le sustituirá, ni sus componentes temáticos, metodológicos y si rozará el principio de no regresividad de los derechos.
A lo anterior hay que sumar que apenas 10% de los centros educativos reciben el currículo completo del MEP, las más de 840 ordenes sanitarias emitidas a centros educativos por malas condiciones, idéntico número en 2024 y mayor con respecto al 2023 y la reducción presupuestaria del 25% al rubro de infraestructura educativa comparado con el año anterior.
Además, no podemos perder de vista a los más de 14 mil estudiantes excluidos del sistema educativo a medio periodo en 2023 y 2024, los poco más de 800 adolescentes y jóvenes entre los 15 y 17 años que no estaban en los centros educativos (2023), y los cerca del 50% de personas estudiantes que, una vez ingresan a secundaria, no logran concluir su bachillerato, todo ello en medio de un deterioro presupuestario del sector que alcanzará el 4,9% del PIB (2025), menor al presupuesto del 2024 y muy lejos del 8% constitucional.
La educación ha sido pilar del proceso de desarrollo cultural, científico, económico y democrático del país, ha permitido la movilidad social y es menester del Estado y el Gobierno de turno fortalecerla, y no debilitarla. Es absolutamente imperativo recordar que la crisis de 1980, hizo que muchas personas no hayan terminado sus estudios, enfrentando precariedad laboral y de movilidad social, situación que se ha perpetuado a la fecha.
Si bien la responsabilidad recae en las cabezas del Ministerio para impulsar y ajustar el proceso de formación para las personas menores de edad, lo cierto es que el tiempo pasa y las improvisaciones continúan, lo cual hace necesario que tanto familias como sectores sociales hagan el esfuerzo por articular, dotar y hacer responsable a las autoridades por la necesidad de respuestas asertivas e inmediatas. A la vez, el máximo órgano político en niñez y adolescencia, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, tiene el deber de responder y consultar sobre las decisiones tomadas y solicitar de manera técnica los sustentos, así como emitir lineamientos, directrices y articular a los sectores que velan por la adecuada política pública hacia la población menor de edad del país.
