viernes 06 de noviembre - 2026
"La participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos es un derecho. Exponerlos, estigmatizarlos o convertirlos en blanco de ataques digitales nunca debería ser el costo de ejercerlo."
La participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos es un derecho. Exponerlos, estigmatizarlos o convertirlos en blanco de ataques digitales nunca debería ser el costo de ejercerlo.
La reciente difusión de imágenes y publicaciones relacionadas con una niña que participó en una manifestación por la educación pública en Costa Rica nos obliga a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando el ejercicio de participación de una persona menor de edad se transforma en una oportunidad para exponerla, desacreditarla o convertirla en instrumento de confrontación política?
La respuesta debería ser sencilla. Ninguna diferencia ideológica, ningún interés partidario y ningún debate político justifican que una niña sea convertida en blanco de ataques, señalamientos o campañas de estigmatización por expresar una opinión sobre asuntos que afectan directamente su presente y su futuro.
Más allá de las posiciones que puedan existir sobre las causas que motivaron la manifestación, lo verdaderamente relevante es recordar que la participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos no es una concesión de las personas adultas. Es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por el ordenamiento jurídico costarricense.
Las personas menores de edad tienen derecho a expresar sus opiniones, ser escuchadas y participar en los asuntos que impactan sus vidas. Pero ese derecho existe junto a otros igualmente importantes: el derecho a la dignidad, a la privacidad, al honor, a la protección contra la discriminación y a desarrollarse libres de cualquier forma de violencia.
Participar en un espacio público no implica renunciar a esos derechos. Una niña puede expresar preocupación por la situación de su escuela, por las condiciones de la educación pública o por cualquier otro tema que le afecte, sin que ello signifique autorizar a terceros a exponer su identidad y cuestionar sus capacidades.
La discusión adquiere una dimensión aún más delicada cuando quienes generan, amplifican o difunden contenidos cuentan con audiencias numerosas en redes sociales. La libertad de expresión constituye uno de los pilares de la democracia, pero no es un derecho absoluto ni una autorización para vulnerar la dignidad de otras personas, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
En estos contextos resulta indispensable diferenciar entre informar sobre un acontecimiento de interés público y utilizar la imagen de una persona menor de edad como herramienta para desacreditar una causa, cuestionar a su familia o alimentar una narrativa política determinada.
Cuando una publicación se centra en identificar, exhibir o ridiculizar a una niña en lugar de debatir las ideas que ella expresa, deja de contribuir a la discusión pública y corre el riesgo de convertirse en una forma de violencia.
La situación se vuelve todavía más preocupante cuando aparecen mensajes que buscan desacreditar a la persona menor de edad mediante calificativos ofensivos, atribuciones personales sin fundamento o insinuaciones dirigidas a cuestionar su legitimidad para opinar.
En estos casos, la discusión deja de girar en torno a la educación, la política pública o cualquier otro asunto de interés nacional. La niña deja de ser reconocida como sujeto de derechos y pasa a convertirse en un símbolo utilizado para confrontar a otras personas.
El problema adquiere una dimensión adicional en el entorno digital. No podemos normalizar que una niña sea objeto de burlas, insultos o cuestionamientos públicos por ejercer un derecho que la propia sociedad dice promover: el derecho a participar.
Tampoco podemos aceptar que la niñez sea utilizada como un recurso comunicacional para movilizar audiencias, acumular interacciones o alimentar enfrentamientos políticos. Una publicación realizada por una persona con influencia puede desencadenar miles de comentarios, réplicas y ataques difíciles de controlar posteriormente.
Por esta razón, organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño han advertido que los derechos de la niñez deben ser igualmente protegidos en los espacios digitales. La exposición masiva, el hostigamiento, la estigmatización y las campañas de señalamiento pueden generar afectaciones reales en la vida y el bienestar de una persona menor de edad.
Quienes poseen plataformas con amplias audiencias tienen una responsabilidad proporcional al alcance de su voz.
La protección de la niñez no debería tener color político. Los derechos de niñas, niños y adolescentes no pueden defenderse únicamente cuando sus opiniones coinciden con nuestras convicciones ni relativizarse cuando expresan posiciones que incomodan a determinados sectores. La protección integral exige coherencia.
Una democracia saludable necesita niñas, niños y adolescentes capaces de preguntar, cuestionar, participar y expresar sus opiniones. Pero también necesita personas adultas dispuestas a escucharles y garantizar que puedan hacerlo sin miedo a convertirse en objeto de ataques o campañas de descrédito.
Por ello, este caso debería invitarnos a reflexionar menos sobre las disputas políticas del momento y más sobre el trato que estamos dando a la niñez cuando decide ejercer su ciudadanía.
La participación de una niña en una manifestación debería conducirnos a debatir las preocupaciones que expresó y las condiciones que enfrenta. Nunca debería convertirse en una excusa para exponerla, señalarla o someterla al juicio de miles de personas en redes sociales.
La discusión democrática exige debate, crítica y confrontación de ideas. Lo que no puede aceptar una sociedad democrática es que una niña se convierta en el precio de esa confrontación.
La niñez no es una herramienta de propaganda ni una pieza de batalla política. Su dignidad no está sujeta a debate ideológico. Y una sociedad verdaderamente democrática se mide también por su capacidad de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos, participar en la vida pública y expresar sus opiniones sin miedo, sin discriminación y s
