Costa Rica enfrenta restricciones fiscales reales, pero responder a ellas debilitando el cuido, la educación y la protección infantil puede transformar el ahorro inmediato en una deuda social mucho más costosa.
El Presupuesto Nacional no es solamente una relación contable de ingresos y gastos. Es una declaración política sobre las prioridades del Estado y sobre los derechos que este está dispuesto a garantizar. Cada colón asignado o retirado determina qué servicios llegarán a las comunidades, cuántas familias recibirán apoyo y cuáles niñas, niños y adolescentes deberán esperar. Por eso preocupa que, en medio de una crisis educativa persistente, el aumento de la violencia y profundas brechas sociales y territoriales, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 proponga reducciones en programas vinculados con educación, cuido, protección infantil y atención de familias en pobreza.
El proyecto, tramitado bajo el expediente legislativo 25.754, asciende a ₡12,419 billones, unos ₡392.839,5 millones menos que el presupuesto vigente de 2026, lo que representa una disminución del 3,1%. El 37,7% de los recursos se financiaría mediante endeudamiento y alrededor del 40% del gasto se destinaría al servicio de la deuda. El Gobierno defiende la propuesta como una medida de responsabilidad fiscal, pero el debate no puede limitarse al monto total. La pregunta central debe ser quiénes absorben el ajuste y cuáles derechos pueden verse afectados por las reducciones planteadas (Ministerio de Hacienda, 2026; Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2026).
Los ajustes no son neutrales
En las primeras audiencias de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios se señalaron disminuciones de aproximadamente ₡19.230 millones para el Ministerio de Educación Pública, así como reducciones en partidas relacionadas con el Patronato Nacional de la Infancia, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Avancemos y programas del Instituto Mixto de Ayuda Social dirigidos a familias en pobreza (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2026; Ministerio de Hacienda, 2026).
Las cifras deben leerse con cuidado porque no todas las comparaciones presupuestarias utilizan la misma base. En particular, el proyecto contempla una reducción de alrededor de ₡24.714 millones en programas de atención integral del PANI y de unos ₡7.756 millones en recursos vinculados con la Red Nacional de Cuido. También se han identificado reducciones cercanas a ₡13.607 millones en programas del IMAS para familias en pobreza y de unos ₡7.600 millones en recursos de FODESAF destinados a Avancemos (Ministerio de Hacienda, 2026; CR Hoy, 2026).
El Ministerio de Hacienda argumenta que una parte importante de esas disminuciones corresponde a recursos incorporados por la anterior Asamblea Legislativa al presupuesto de 2026, pero posteriormente bloqueados y no ejecutados. Desde esa perspectiva, el proyecto estaría “limpiando” la base presupuestaria y no reduciendo necesariamente la capacidad operativa efectiva de las instituciones. Sin embargo, un monto bloqueado no demuestra que la necesidad social haya desaparecido. También puede evidenciar una distancia entre los recursos aprobados, los recursos efectivamente girados y las obligaciones que las instituciones deben cumplir (Ministerio de Hacienda, 2026; Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2026).
Desde un enfoque de derechos, la comparación pertinente no debe hacerse únicamente contra lo ejecutado en 2026. Debe establecerse cuánto necesita cada institución para atender a la población objetivo, reducir sus listas de espera y cumplir las metas de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2024).
Un Estado en deuda con la niñez y la adolescencia
La discusión presupuestaria adquiere mayor urgencia a la luz del estudio “La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes”, elaborado por Ana Teresa León Sáenz y presentado por el Consejo Nacional de Rectores en septiembre de 2026. La investigación analiza información nacional y de las siete provincias sobre pobreza, educación, salud, vivienda, cuido, recreación y protección. Su planteamiento central es que existe una brecha entre los derechos reconocidos a la niñez y los servicios que esta población recibe efectivamente (León Sáenz, 2026; Consejo Nacional de Rectores, 2026).
El estudio examinó los registros de 810.394 personas menores de edad evaluadas por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado durante 2024. De ellas, 290.026 estaban clasificadas en pobreza extrema, 267.167 en pobreza básica y 253.201 como no pobres. En conjunto, 557.193 personas menores de edad, equivalentes al 68,8% del grupo evaluado, se encontraban en pobreza básica o extrema (SINIRUBE, 2024; León Sáenz, 2026).
Esta cifra requiere una precisión metodológica. El 68,8% no constituye la tasa nacional de pobreza infantil, pues SINIRUBE concentra información de personas beneficiarias o potenciales beneficiarias de servicios, subsidios y transferencias estatales. Por tanto, los 810.394 registros analizados no constituyen una muestra representativa de toda la población menor de edad del país. No obstante, el dato evidencia una concentración extraordinaria de carencias entre la niñez vinculada con el sistema de protección social. Precisamente por ello, reducir recursos para esta población puede debilitar servicios dirigidos a quienes presentan mayores necesidades (SINIRUBE, 2024; León Sáenz, 2026).
Este registro administrativo complementa, pero no sustituye, las estimaciones nacionales de pobreza. Su principal valor para esta discusión es mostrar dónde se concentran las necesidades entre la población que entra en contacto con el sistema de protección social. La distinción metodológica es importante para evitar presentar un dato de población registrada como si fuera una tasa nacional de pobreza infantil.
La primera infancia no puede esperar
Entre las personas evaluadas por SINIRUBE, 371.610 niñas y niños de 0 a 12 años estaban en pobreza: 200.236 en pobreza extrema y 171.374 en pobreza básica. En el grupo de 13 a 17 años, 185.583 adolescentes se encontraban en alguna de esas condiciones (SINIRUBE, 2024; León Sáenz, 2026). Estas cifras deberían ser consideradas al analizar cualquier disminución que afecte los servicios de cuido, las transferencias educativas y el acompañamiento familiar.
El estudio señala, además, que la Red de Cuido alcanza apenas al 12% de la población que requeriría este servicio (León Sáenz, 2026). Este déficit no es abstracto. En mayo de 2026, el IMAS suspendió la aprobación de nuevos ingresos al subsidio de la Red de Cuido por falta de recursos; el programa beneficiaba entonces a cerca de 35.000 personas menores de edad (IMAS, citado en Teletica, 2026). Reducir o congelar el financiamiento en estas circunstancias no mantiene el servicio estable, sino que puede consolidar una cobertura insuficiente y prolongar las listas de espera.
La inversión en cuido también tiene consecuencias sobre la autonomía económica de las mujeres. Cuando el Estado no ofrece servicios accesibles, las responsabilidades recaen principalmente en madres, abuelas y otras cuidadoras, limitando sus posibilidades de estudiar, trabajar o generar ingresos. Por tanto, la Red de Cuido debe entenderse simultáneamente como una política de primera infancia, prevención de la pobreza e igualdad de acceso a oportunidades laborales para las mujeres.
Violencia hacia la población menor de edad
Durante 2025, el Patronato Nacional de la Infancia recibió 96.694 denuncias por presuntas situaciones violatorias de derechos de 117.316 niñas, niños y adolescentes. La negligencia estuvo presente en el 50% de los registros; el maltrato físico y psicológico, en el 13%; los conflictos familiares, en el 11%; situaciones vinculadas con conflictos con la ley o progenitores en consumo, en el 11%; y la violencia sexual, en el 5%. La institución reportó haber atendido el 93% de las denuncias al cierre del año. La magnitud de estos registros revela la presión sobre sus 59 oficinas locales y diez Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata (PANI, 2026).
A ello se suma la violencia armada. Costa Rica registró 873 homicidios en 2025 y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes. Cincuenta víctimas fueron personas menores de edad, la cifra más alta registrada. El ajuste de cuentas o venganza fue el principal móvil de los homicidios de ese año, con 69,1% de los casos (Organismo de Investigación Judicial, 2026). Ante esta realidad, disminuir recursos para protección infantil, educación, asistencia social, seguridad y justicia puede debilitar la red institucional encargada de prevenir la captación de adolescentes por estructuras criminales y responder a situaciones de alto riesgo.
Educación: un retroceso que profundiza las brechas
El proyecto asigna al Ministerio de Educación Pública ₡2,752 billones, aproximadamente ₡19.230 millones menos que en 2026. La inversión educativa representaría alrededor del 4,9% del PIB, 3,1 puntos porcentuales por debajo del 8% establecido en el artículo 78 de la Constitución Política. Programas de Equidad, que reúnen recursos para alimentación, transporte y ayudas destinadas a estudiantes en pobreza o vulnerabilidad, pasarían de ₡269.254 millones en 2026 a ₡249.747 millones en 2027, una reducción aproximada de ₡19.506 millones (Ministerio de Hacienda, 2026; CR Hoy, 2026).
El Décimo Estado de la Educación 2025 determinó que, entre 2018 y 2023, la inversión educativa real total cayó un 6%, mientras que la destinada a primaria disminuyó un 14%, la contracción más pronunciada en cuatro décadas. El informe advierte que la reducción de recursos profundiza las brechas y debilita programas sociales que atienden a la población más vulnerable (Programa Estado de la Nación, 2025). En ese contexto, reducir recursos para alimentación, transporte, becas, conectividad o educación primaria puede ampliar las desigualdades que el sistema debería corregir.
Los territorios importan
Otro aporte del estudio presentado por CONARE es demostrar que la pobreza infantil no se distribuye uniformemente. En Sarapiquí, por ejemplo, se estima que el 78,1% de las niñas y los niños registrados y el 75% de las personas adolescentes registradas se encontraban en alguna condición de pobreza. Estas cifras deben interpretarse dentro del universo registrado por SINIRUBE, pero exponen la magnitud de las brechas territoriales (Consejo Nacional de Rectores, 2026; SINIRUBE, 2024).
Un recorte lineal produce efectos desiguales. En cantones rurales, costeros, fronterizos e indígenas existen menos servicios alternativos, mayores distancias y una presencia institucional más limitada. Por ello, la Asamblea Legislativa debería solicitar información presupuestaria desagregada por región y cantón, incluyendo listas de espera, cobertura, tiempos de respuesta y metas diferenciadas para población indígena, migrante, con discapacidad y residente en zonas rurales.
Menos niñas y niños no significa menos responsabilidad
Costa Rica también atraviesa una transformación demográfica. Los nacimientos disminuyeron más de un 35% durante la última década y la población menor de edad pasó de representar alrededor del 33% de la población nacional en 2012 a cerca del 25% en 2023. El estudio proyecta que para 2034 podría representar solamente el 11,6% del total nacional (León Sáenz, 2026; Consejo Nacional de Rectores, 2026).
Esta disminución no justifica reducir la inversión. Por el contrario, constituye una oportunidad histórica para elevar la cobertura y calidad de los servicios por persona. Menos niñas, niños y adolescentes deberían permitir al país acercarse a la universalización del cuido, mejorar la infraestructura educativa y ofrecer atención más oportuna de salud mental y protección especial. La demografía no debe utilizarse para administrar el retroceso, sino para cerrar las brechas acumuladas.
Invertir para preventiva
El estudio propone desarrollar programas preventivos para familias vulnerables, fortalecer los servicios de protección y ampliar las acciones comunitarias, con una inversión estimada cercana a ₡40.000 millones anuales durante cinco años (León Sáenz, 2026). Entre las iniciativas planteadas se encuentran Cajas Cuna acompañadas de educación para las madres, Bebetecas móviles para promover la crianza positiva, atención psicológica, social y legal, fortalecimiento del PANI y una mejor articulación interinstitucional (Consejo Nacional de Rectores, 2026).
La estimación debe ser discutida y afinada técnicamente, pero coloca una alternativa concreta sobre la mesa. Costa Rica puede continuar reaccionando tardíamente ante la violencia, la exclusión escolar y la desintegración familiar, o invertir en evitar que esas situaciones se agraven. La prevención no es solamente una obligación ética. También puede reducir costos futuros en seguridad, justicia, salud, institucionalización y recuperación educativa.
La sostenibilidad fiscal es necesaria, pero no puede construirse trasladando el costo hacia quienes tienen menor capacidad de incidencia política. Antes de reducir programas esenciales, corresponde examinar con igual rigor las exoneraciones fiscales —sin que ello implique afectar las compras esenciales de instituciones de protección y justicia ni a las poblaciones vulnerables—, los alquileres, las duplicidades administrativas, la calidad de la ejecución y las posibilidades de mejorar la recaudación. El Poder Ejecutivo ha señalado un gasto tributario cercano a ₡2,014 billones en 2024, equivalente al 4,10% del PIB. Esto obliga a discutir alternativas más amplias para financiar derechos, aunque no significa que todo ese monto sea recuperable de manera inmediata (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2026).
El país no debe elegir entre responsabilidad fiscal y derechos de la niñez. Debe construir una política fiscal responsable precisamente porque protege la educación, el cuido y la prevención. El costo de no hacerlo aparecerá posteriormente en forma de exclusión educativa, violencia, desempleo, desigualdad y debilitamiento de la cohesión social.
Costa Rica ya tiene una deuda documentada con sus niñas, niños y adolescentes. El Presupuesto Nacional 2027 no debería aumentarla.
Referencias
Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2026). Expediente 25.754: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. (2024). Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.
Consejo Nacional de Rectores. (2026, 24 de septiembre). Estudio presentado por CONARE identifica importantes desafíos para garantizar el bienestar y la protección de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
CR Hoy. (2026, 4 de septiembre). Gobierno propone reducir ₡9.000 millones al presupuesto del IMAS para 2027.
Delfino. (2026, 24 de septiembre). Estudio presentado por Conare señala que más de 290.000 menores viven en pobreza extrema.
Diario Extra. (2026, 26 de septiembre). Más de 557 mil niños y adolescentes viven en pobreza en el país.
El ObservadorCr. (2026, 24 de septiembre). Más de 557.000 niños y adolescentes viven en pobreza básica o extrema en Costa Rica.
Infoabe. (2026, 28 de septiembre). Más de 557 mil menores de edad viven en pobreza en Costa Rica.
Instituto Mixto de Ayuda Social. (2026). Información institucional sobre la transferencia monetaria condicionada de Cuidado y Desarrollo Infantil, reportada en mayo de 2026.
León Sáenz, A. T. (2026). La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes. Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, Universidad Nacional.
Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2026). Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027 (Expediente 25.754).
Organismo de Investigación Judicial. (2026). Estadísticas de homicidios dolosos de Costa Rica, datos correspondientes a 2025.
PANI. (2026, 17 de marzo). PANI recibió 96.694 denuncias por violación de derechos de 117.316 niños, niñas y adolescentes en el 2025.
Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2026). Proyecto de Ley Régimen de beneficios fiscales y control del gasto tributario: Exposición de motivos.
Programa Estado de la Nación. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025.
SINIRUBE. (2024). Registros administrativos de personas menores de edad evaluadas durante 2024, utilizados en el estudio La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes.
Teletica. (2026, 22 de mayo). IMAS frena nuevos ingresos de niños a la Red de Cuido por falta de presupuesto.
UNA. (2026, 24 de julio). Costa Rica arrastra una gran deuda histórica con la niñez.
UTN. (2026, 24 de septiembre). Estudio plantea programas educativos, preventivos y de protección para fortalecer la atención de la niñez y adolescencia.
Notas del editor:
Aclaración técnica: Las cifras presupuestarias corresponden al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 (Expediente 25.754) presentado por el Poder Ejecutivo y sujeto a trámite y debate en la Asamblea Legislativa, por lo que no constituyen montos definitivos. Asimismo, las cifras del SINIRUBE se analizan expresamente como registros administrativos de la población atendida y no representan una tasa nacional de pobreza infantil.
Créditos institucionales: Este artículo fue desarrollado por el equipo de Advocacy de World Vision Costa Rica. En su elaboración se contó con el soporte de herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de información, habiendo sido revisado, verificado y validado técnicamente por el equipo profesional para su difusión pública.
