Los abajo firmantes nos expresamos y proponemos:
Al calor de lo sucedido a una bebé desaparecida hace ocho días, hija de una adolescente madre, producto de un abuso y una relación impropia, y en medio de pesquisas y acciones reactivas ante el enojo y exigencia de respuestas, se trata de tener control de lo sucedido y de crear condiciones para que no se repita otra vez, esta lamentable situación.
El contexto actual de garantía de derechos, de la protección, la atención a los niños,
niñas y adolescentes en el país es preocupante, por lo que es necesario que se le brinde una respuesta integral, con visión de país. Se requiere un compromiso claro, sostenido de las autoridades y de toda la sociedad en general para invertir en recursos y personal especializado capacitado en áreas como la atención a la salud mental, la prevención de las violencias y la pobreza. Se vuelve fundamental el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones encargadas de la protección integral, atención y defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes como de su trabajo conjunto y coordinado.
La solución no es la destitución de la jerarca en niñez y adolescencia
Hay claridad y consenso de que el PANI debe mejorar en muchos aspectos. Además,
debe liderar como ente rector y como instancia que tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el país sin
discriminación alguna. Sin embargo, también está claro que el PANI solo, no puede
lograrlo y mucho menos sin los recursos necesarios y sin la preparación y disposición de su personal. También debe hacer mejoras en sus mecanismos y procedimientos internos, en brindar respuestas oportunas, de calidad y eficientes, en mejorar el trato hacia los demás, sean personas menores de edad, familias, sean ONGs, sea quien sea.
Es importante recordar que la protección y atención integral a los niños, niñas y
adolescentes no es responsabilidad exclusiva de una sola institución, sino que requiere la colaboración y el trabajo conjunto de diferentes entidades: Ministerio de Educación Pública, la Caja del Seguro Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública entre otros y las ONGs especializadas en el campo de niñez y adolescencia, la academia y otros sectores no gubernamentales. Solo a través de un esfuerzo colectivo sostenido, bien enfocado se podrá lograr un verdadero cambio, una mejora en la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en el país.
Desde el 2018, se le ha disminuido al PANI su capacidad como institución rectora, ya se le han quitado los recursos económicos que le permitían trabajar mejor y con las
condiciones que requiere para asumir la gran tarea que es garantizar derechos de los
niños, niñas y adolescente, ser a la vez ente rector en materia de niñez y adolescencia y de promover y apoyar acciones especializadas y de prevención y educación ante toda forma de violencias.
La jerarca del PANI, Gloriana López Fuscaldo, tiene no solo la investidura sino la
capacidad como presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, para mostrar el compromiso institucional, en estos momentos, ante una situación de emergencia con la garantía, protección y atención de los niños, niñas y adolescencia y sus derechos humanos.
El Patronato se debe convertir en el futuro inmediato, en una institución eficiente y que cumpla con los estándares internacionales y nacionales para que haga bien y mejor su papel y que pueda asumir y liderar la rectoría en materia de niñez y adolescencia. Siendo la ministra de Niñez y Adolescencia quien preside el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia debe convocar al sector y a todos los ministerios, para que, en el marco del Consejo, puedan delinearse los lineamientos estratégicos y de acciones inmediatas de las instituciones para garantizar, proteger y atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna. El Consejo no viene sesionando por falta de quorum estructural. La ausencia del Consejo hace debilitar las articulaciones y las coordinaciones del Sistema Nacional de Protección, fragmentando las acciones institucionales y país, y por lo tanto reduce la capacidad de respuesta y apoyo que requieren los niños, niñas y adolescentes en todo el país.
Debe también, doña Gloriana, convocar al sector social de niñez y adolescencia que
cuenta con una enorme experiencia y capacidad para junto con este sector, con otras instituciones y otros grupos, dar respuesta a los graves problemas que aquejan a la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
El problema y la prevalencia de las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes
radican en sus causas estructurales, y al NO abordarlas desde sus raíces, se convierten en una acción paliativa.
Como paliativo puede ser de igual manera su destitución, porque en estos momentos nombrar a una nueva persona, que empiece de cero es un retroceso y no fortalece, sino debilita. Destituir a la jerarca parece por lo tanto ser una respuesta reactiva que debemos en todo caso evitar, porque no resolvemos los problemas de fondo.
No se trata de restar importancia
Sin restar importancia y urgencia de encontrar a la bebé desaparecida y la revisión a
fondo de todos los vacíos y errores cometidos en el caso Cervantes de Alvarado, se debe urgentemente revisar las estrategias de prevención del embarazo en niñas y
adolescentes. Aunque en el país se ha podido bajar de manera significativa la cantidad de niñas embarazas a temprana edad, en los últimos años se ha mantenido un número parecido (2000- 611 nacimientos en niñas de 14 años o menos, 2021 – 197 nacimientos en niñas del mismo grupo de edades, 2022 – 211 nacimientos en niñas de 15 años o menores). Si Costa Rica NO prioriza trabajar en educación sexual y la prevención del abuso sexual y otras formas de violencia sexual y de género, mantendremos estas cifras.
También, y tal como ha señalado DNI hace años y se han escuchado voces de otras
entidades, el país debe trabajar en la prevención de las relaciones impropias con
información, sensibilización a personas adultas y la atención integral a las personas
menores de edad con condiciones de vulnerabilidad ante este delito.
Se ha visto que, con solamente denunciarlas, las personas funcionarias cumple con “su obligación” pero tienden a revictimizar a la persona menor de edad, a desprotegerlas aún más, además que finalmente tampoco se logran las condenas de sus agresores, por lo que la denuncia de este delito está lejos de cumplir con la protección integral de las personas menores de edad.
Qué proponemos:
Sobre este caso concreto de la violación de la adolescente y la desaparición de la bebé en Cervantes de Alvarado; además de una integración a profundidad sobre el actuar de todas las instrucciones involucradas, se debe sobre todo revisar en qué momentos la protección falló para tomar medidas urgentes.
En ese sentido, apoyamos las acciones que la presidenta ejecutiva del Patronato
Nacional de la Infancia y ministra de Niñez y Adolescencia ha estado impulsando en
atención a la desaparición de la bebé y la atención de la madre adolescente, sin embargo, estas acciones no pueden inmovilizarnos en acciones que se deben hacer de manera urgente:
1. Que se preste atención a estos casos y se haga todo lo posible para encontrar y
proteger a las víctimas, así como para llevar a los responsables ante la justicia.
También es necesario reflexionar sobre las causas subyacentes de la violencia y
el crimen en la sociedad, y buscar soluciones efectivas para prevenir y abordar
estos problemas.
2. Es cierto que sin los recursos necesarios y personal capacitado no se puede llevar
a cabo una atención y prevención efectiva en estos casos. Por lo tanto, es
fundamental que se tomen medidas urgentes para contratar el personal
especializado necesario y brindarles los recursos y herramientas necesarias para
poder llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.
3. Es necesario abordar la situación desde una perspectiva justa y equilibrada, no
caer en la tentación de juzgar y condenar de antemano sin tener toda la
información y los hechos claros. Al mismo tiempo, es fundamental asumir la
responsabilidad y hacer lo necesario para que las personas funcionarias
involucradas en cualquier negligencia o falla en la atención y protección de la
niña sean llamadas a responder por sus actos. Esto no solamente para el Patronato Nacional de la Infancia, sino para todas las instituciones que se
involucraron en algún momento.
4. Que el presidente Rodrigo Chaves convoque al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en coordinación con la Ministra de Niñez y Adolescencia y que este
sesione con regularidad y que dé cuentas públicas sobre su quehacer y resultados
de manera periódica.
5. Que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, con la Comisión Especial de
Juventud, Niñez y Adolescencia junto con el Poder Ejecutivo, convoquen a una
acción país con todos los sectores para analizar cuál es la respuesta país que se
debe dar para hacer frente a toda forma de violencias.
6. Que se cree una comisión de fortalecimiento al PANI como ente rector.
7. Que se fortalezca el Sistema Nacional de Protección tanto a nivel nacional como
local. Para ellos debe definirse un plan de acción para su fortalecimiento y debe
rendirse cuentas públicas sobre su trabajo y logros.
8. Que, desde los subsistemas locales de protección, se realicen acciones de
reflexión y de evaluación sobre lo que desde la articulación interinstitucional e
intersectorial se está haciendo.
9. La Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea
Legislativa ?ene una enorme responsabilidad ante las dificultades financieras,
jurídicas, técnicas que atraviesa el Patronato Nacional de la Infancia y el
debilitamiento del sector social que atiende a la niñez y la adolescencia y sus
derechos humanos. Los proyectos de ley deben ser ampliamente consultados y
construidos con quienes conocen y trabajan las problemáticas y debe escucharse
y tomarse en cuenta la opinión y las propuestas de las personas menores de
edad. Una de las primeras tareas de esta comisión es quitar al PANI de la regla
fiscal para que el PANI cuente con el recurso necesario para operar y que se
puedan apoyar programas preventivos y educativos en todo el país. Los niños,
niñas y adolescentes NO son un tema político partidista sino un tema de política
y desarrollo del país.
Firmantes:
Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
Asociación Roble alto
Centro de Psicología y Desarrollo Humano
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica
Fundación Si Callas Permites
Hogar San Agustín
World Vision Costa Rica
17 de abril, 2023
