La situación vivida en Cartago pone nuevamente en discusión cuál es el accionar y la responsabilidad institucional de las entidades competentes.
San José. Viernes 14 de abril. Como organización hemos leído con atención todas las informaciones que han sido públicas sobre el caso de la adolescente madre de 13 años y su hija de 9 meses, evidencia de la indefensión y violencia de género que pueden vivir las personas menores de edad en nuestro país. La reducción de los embarazos en personas adolescentes y en niñas ha sido una constante, pero, como hemos señalado en otras ocasiones, el solo hecho de que una persona menor de edad tenga un embarazo, es un recordatorio continuo de los fallos institucionales y sociales, no solo por la desprotección que, como en este caso, implica un abuso de índole sexual, sino a sabiendas de las implicaciones que a partir de ese momento tiene por delante esa niña o adolescente, aunado a los efectos de la alta vulneración y desigualdad social
Parte de esas implicaciones, tiene que ver con la victimización y la re victimización a nivel social y también institucional, que acrecienta los obstáculos para disfrutar a cabalidad de sus derechos, mientras a temprana edad, convive con su hijo o hija que, también dentro del enfoque de derechos, requiere una atención prioritaria para su desarrollo integral.
La situación vivida en Cartago pone nuevamente en discusión cuál es el accionar y la responsabilidad institucional de las entidades competentes, de sus protocolos de atención y de coordinación interinstitucional para desarrollar, desde el punto de vista de protección especial, toda una ruta de acción concertada que incluye la denuncia, la investigación, el abordaje psicoterapéutico, el acompañamiento familiar y todas las medidas protectoras imprescindibles para el resguardo del interés superior de la persona menor de edad.
Este último consagrado como esencial en la Convención de los derechos del Niño y la Niña y el Código de la Niñez y la Adolescencia, como imperativo normativo y resolutivo que orienta las soluciones, que «en aquellas situaciones difíciles en las que el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de una decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados o vulnerados» (Cillero-Bruñol).
Este caso, por tanto, necesita analizarse a la luz del interés superior del niño y la niña, en lo que respecta a todas las decisiones tomadas a nivel institucional desde hace 3 años, de acuerdo a los antecedentes que se han hecho públicos en los últimos días. La necesidad de esclarecer todo este recorrido en los diferentes expedientes y acciones debe centrarse en sentar responsabilidades, si las hubiera, así como la mejora inmediata de los protocolos y de los mejores criterios interpretativos institucionales e interinstitucionales para salvaguardar los derechos de la adolescente, su hija, y otras personas menores de edad que vivan o puedan vivir circunstancias equivalentes.
En ese sentido, la solicitud de audiencias en la Asamblea Legislativa para personas funcionarias de instituciones públicas, así como solicitudes de parte de la Defensoría de los Habitantes sobre rutas y expedientes del caso debe tener como fondo, sin lugar a dudas, esgrimir a posteriori recomendaciones técnicas en la mejora de la atención vía protocolos, coordinaciones, alertas tempranas y acciones inmediatas en situaciones como las actuales.
A la vez, señalamos la percepción errónea de ciertos comentarios y publicaciones que caracterizan el caso como una relación impropia, siendo que, a la luz de la evidencia y del Código Penal, implica una tipificación de violación o abuso sexual. Con ello, vemos la necesidad, nuevamente, de sensibilizar y formar a la población sobre el tema de relaciones impropias y su marco legal, que reiteramos, no es el caso en cuestión, pero es igualmente perjudicial para las personas menores de edad. La necesaria identificación de las categorías delictivas permite mayor claridad a la ciudadanía, en su dimensión y en los resultados finales de los procesos institucionales.
El abuso sexual y la violencia sexual se desarrollan en muchos casos en ambientes cercanos a las víctimas. Las personas menores de edad deben estar informadas sobre estos temas para saber cómo responder ante situaciones de riesgo. Sus padres, madres, cuidadores, son responsables de brindar información y dar la protección necesaria. Las comunidades e instituciones deben estar vigilantes y alertar, así como actuar, sobre posibles situaciones que vulneren a los niños, las niñas y a las personas adolescentes.
Desde World Vision continuaremos atentos y atentas al desarrollo del caso, abogando para que las personas menores de edad involucradas, víctimas en esta situación, tengan el mayor resguardo de acuerdo a su interés superior.
